Durango, Dgo. (EL CONTRALOR). – El verano de 2016 la ciudadanía duranguense votó para elegir Gobernador del Estado de Durango, sin embargo, la población hasta ahora se da cuenta que en las urnas no eligió a un gobernador, sino a varios al mismo tiempo.

Y es que, en teoría la boleta solo tuvo un nombre postulado por cada partido o coalición, pero, en los hechos, en Durango estos seis años hemos tenido varias figuras que ostentan el poder “tras el trono” cual si fueran el gobernante que elegimos en el 2016.

Sin duda, una de esas personas ha sido la esposa del propio Dr. José Rosas Aispuro Torres, la L.A.E. María Elvira Barrantes Velarde, quien desde la campaña y ya en la operación gubernamental montó un equipo de gobierno alterno y leal a ella, eficaz para hacer realidad todas y cada una de sus peticiones dentro de cada dependencia de la administración pública estatal.

Porque, es sabido por propios y extraños que en este sexenio autollamado Gobierno del “Durango para Todos…” hubo dos equipos gubernamentales paralelamente en cada área de influencia de la administración pública del Estado: por un lado, el equipo que pudo nombrar el gobernador Aispuro Torres; y por el otro, el “Súper” Staff que colocó su esposa en cada dependencia como titulares de las Subsecretarías y Direcciones Generales de Administración.

Sin embargo, y a pesar de que la ciudadanía votó solamente por Aispuro, en el sexenio ha habido personajes que se creen titulares del Poder Ejecutivo, y hacen gala de sus influencias y del poder político que han acumulado durante estos 6 años, sin que el mandatario estatal haga algo para frenar ese tipo de prácticas, pese a que él también las detectó.

El Omnímodo. –

Es el caso del Secretario de Finanzas y Administración, Jesús Arturo “El To-Toy” Díaz Medina, quien se ha comportado peor que el gobernador en la cúspide del poder, ya que el funcionario se olvida que es solo el administrador de los recursos que llegan y capta el Estado, pero no es el dueño.

Así, esta semana que transcurrió se pudo observar el nivel de prepotencia y desfachatez que asume “El To-Toy” Díaz Medina, al mantener a casi 15 alcaldes como auténticos pedigüeños o cobradores de Elektra a las afueras de la estación ferrocarril sede de la Secretaría de Finanzas, esperando a que el Secretario se dignara a recibirlos y, sobre todo, que les resolviera la entrega y les explicara del porqué el jineteo de las participaciones federales que puntualmente envía la SHCP.

Cual, si fueran limosneros, así ha sido el trato que les ofrece el gobierno de Aispuro Torres a los presidentes municipales, a pesar de que les prometió ser un gobernador municipalista, porque al igual que ellos, fue también presidente municipal de Durango.

 Así como lo oye, los alcaldes han tenido que hacer horas y horas de espera individual y ahora ya en forma colectiva, para que los pueda recibir Jesús Arturo “El To-Toy” Díaz Medina, y al final, suponiendo que los reciba, terminan despachándolos por la puerta de atrás, con una mano adelante y otra atrás, mentándoles las mañanitas a sus progenitoras.

Semejante a la escena de la película: “El águila descalza”. Sin nada pues.

Y, por si fuera poco, la actitud asumida de “perdona vidas” hacia los otros dos poderes del estado, y de forma muy revelada hacia el H. Congreso del Estado, y como prueba se tiene la reciente declaración del pasado viernes 12 de agosto del diputado Enrique Benítez Ojeda ante los medios de comunicación, en su entrevista banquetera en la que afirmó que el actual gobierno del estado va a terminar con una deuda de 23 mil millones de pesos, muy superior a la cifra que al inicio la actual administración del autollamado Gobierno “Durango para Todos…” manifestó haber heredado de la administración del C.P. Jorge Herrera Caldera, sobre un monto de 16 mil millones de pesos, (monto que aún no ha sido totalmente demostrado); lo interesante es que es un estimado, porque el “súper” Secretario de Finanzas y de Administración nunca les informó ni compareció cuando las señoras y señores diputados de la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado se lo pidieron, según lo afirmó el Dip. Benítez. GRAVÍSIMA la aseveración del Dip. Benítez en torno al actuar tan desdeñosa del Secretario de Finanzas.

Pasándose por el arco del triunfo el Artículo 82, fracción II, inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que a la letra dice:

ARTÍCULO 82.- El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras; además tiene las siguientes:

II. De fiscalización, vigilancia y combate a la corrupción:

d) Para citar a las personas titulares de las Secretarias de Despacho del Ejecutivo, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a las personas titulares de las entidades de la administración pública estatal o municipal, a las personas titulares de los organismos constitucionales autónomos y demás servidores públicos previstos en esta Constitución, para que emitan opinión cuando se discuta una ley o informen cuando se estudie cualquier asunto concerniente a sus respectivos ramos.

Lo cual lo hace susceptible al juicio político establecido en el Artículo 177 de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango:

ARTÍCULO 177.- Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables política, administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.  El juicio político procederá contra el Gobernador del Estado, las y los diputados, titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo, de los organismos de la administración pública paraestatal; las y los magistrados, consejeros de la judicatura y jueces del Poder Judicial del Estado; las y los consejeros o comisionados de los órganos constitucionales autónomos, y las y los presidentes municipales, regidores, síndicos, la o el secretario y la o el tesorero de los ayuntamientos y, en su caso, concejales municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las siguientes prevenciones:

  1. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses.
  2. No procede juicio político por la mera expresión de ideas.
  3. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia.
  4. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución y de inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la ley. 
  5. El Congreso del Estado aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 

Las resoluciones del procedimiento de juicio político son definitivas e inatacables. 

La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, será investigada y sancionada en los términos de las leyes. 

Se sancionará administrativamente a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Ante esto, les manifestamos a las señoras y señores diputados de la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado que aún están en tiempo de iniciar el proceso contundente ante el desacato hecho por el actual Secretario de Finanzas y de Administración, C.P. Díaz Medina, manifestado públicamente por el Dip. Enrique Benítez.

Desdeñoso hasta con sus pares. –

“El To-Toy” ha sido señalado incluso por los propios compañeros del gabinete, como el funcionario más difícil de localizar, el más complicado para hacer una gestión, y el más escurridizo, “cual pez enjabonado en el mar”, cuando se trata de pagar a medios de comunicación, proveedores, constructores, maestros, burócratas, aseguradoras, financieras y demás.

De lectora de noticias a la “Chucky” Terrones. –

Sin embargo, otro de los perfiles aispuristas que actúo como si tuviera una extensión del nombramiento del pueblo hacia Aispuro Torres, es también la Directora General de Comunicación Social y Regidora Verónica Terrones Romero, quien no solo ha llevado mal la relación con los diferentes medios de comunicación, sino que ha asumido atribuciones que están muy lejos de lo que es su deber como ente vinculante entre la relación del poder ejecutivo del estado hacia los medios de comunicación de la entidad.

Verónica se ha convertido en el poder junto al poder, ante la mirada de un Aispuro que lo tolera o incluso lo fomenta, pero quien no se da cuenta que el gran error de su gobierno es y será la falta de coordinación que genera tener tantos generales, y un general auténtico que no se la cree y delega poder a diestra y siniestra, sin medir consecuencias.

Antes, en los primeros dos años del sexenio, el gobernador en paralelo que tuvo Aispuro Torres se llamó Juan Carlos Maturino Manzanera, quien se sintió vice gobernador desde el primer cargo que tuvo en la Coordinación General de Gabinete, un puesto que por cierto se inventó Aispuro ya que no existe en la Ley Orgánica que le da vida a la administración pública estatal.

José Rosas cometió el error de que le dio entrada y facultades a Maturino en la operación política y social, incluso en parte las definiciones financieras o presupuestales, las de tipo judicial o de cualquier otra índole.

Es decir, el de Tamazula ha caído en el error de compartir el poder con su familia y subalternos, al grado que cada uno de los beneficiarios de la confianza de Aispuro han asumido ese pedazo del pastel que les otorga el gobernante, y en la mayoría de los casos han cometido el error de extralimitarse con ese poder y esas influencias que les concedió el mandatario.

Hoy, Aispuro tiene un pie fuera del gobierno pues se le acaba la gestión el 14 de septiembre y entregará las riendas al día siguiente, el día 15 de septiembre, y la existencia de tantos cuasi gobernadores no resultó como lo esperaba el gobernante, ya que entregó poder a varios de sus cercanos para que lo ejercieran, y lo único que hicieron estos fue abusar de la situación, enriquecerse, activar venganzas personales y cometer errores.

Porque hoy, también se nota la ausencia de respaldo de estos personajes hacia su jefe el gobernador, quien tiene cada vez menos días y a pesar de ello insiste en cerrar su gobierno lleno de escándalos, con una crisis financiera enorme, desacreditado social y políticamente, sin haber construido una ruta de sucesión, y con el estigma de la corrupción en todos lados.

GOBERNADORES

La paradoja es que en 2016 los duranguenses votaron por un gobernador y un equipo político que ofreció un cambio y resulta que, a la vuelta del sexenio, la desilusión es la marca común entre la gente al analizar la actuación de Aispuro y compañía.

Lo contrastante es que estos seis años la debacle oficial tiene responsables con nombres y apellidos, pero hay un elemento común y ese es el gobernador José Aispuro Torres, quien desde un principio permitió que hubiera más gobernadores cogobernando con él, con poder e influencias similares a las suyas, lo que se tradujo en un cúmulo de excesos y abusos en el manejo de los recursos públicos y en la toma diaria de decisiones.

Pues en teoría la boleta solo tuvo un nombre postulado por cada partido o coalición, pero, en los hechos, en Durango estos seis años hemos tenido varias figuras que ostentan el poder cual, si fueran el gobernante, tal es el caso de Javier Castrellón Garza, quien fuera Secretario de Seguridad Pública y de quien se afirma dejó un gran desorden, tanto administrativo como financiero en dicha dependencia. Tan es así, que comentan que durante el tiempo que L.C. Miguel Ángel Pérez Gavilán León fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) en una ocasión, se encontró con el matrimonio Aispuro-Barrantes y les espetó: “Qué bueno que los veo a los dos juntos porque quiero preguntarles ¿A quién de los dos le voy hacer caso?”, respondiéndole el Gobernador Aispuro Torres: ¡A mí!

Resulta que el Gobernador Aispuro ordenó que le compraran su camioneta blindada a una empresa blindadora de carros recomendada por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, pasado el tiempo, le llama al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), L.C. Miguel Ángel Pérez Gavilán León, ¡¿Por qué no compraste la camioneta donde te ordené?!, a lo que le respondió Pérez Gavilán León, ¡Yo no la compré!, y al poco tiempo recibe una llamada de la Señora Elvira Barrantes para reclamarle que porqué le había dicho al gobernador que él no la había comprado y ante tal incidente, a los pocos días fue destituido del cargo y sustituido por Omar Carrasco Chávez, gente muy allegada a Castrellón Garza. 

Anticonstitucional y privilegiadísima. –  

Otra que se siente cuasi gobernadora, la anticonstitucional Coordinadora General de Gabinete del Gobierno del Estado de Durango, Lic. Rosario Castro Lozano, nos está saliendo muy caro a los contribuyentes duranguenses su estadía tanto en el cargo como en la ciudad de Durango, ya que se le paga la renta del departamento en la unidad habitacional Plaza Las Torres, así como su alimentación, lavado de ropa, personal doméstico y de limpieza, también expresan que llega a la Secretaría de Finanzas a la hora que sea y sin importar que afuera existan personas haciendo antesala con audiencia previa para entrevistarse con el Secretario Díaz Medina, la reciben de inmediato y sin recato alguno, se introduce.

Larguísima agonía. –   

Ante lo arriba expresado, hoy se comprueba que sus excesos al decidir sobre los presupuestos del Estado traen como consecuencia el desgaste indiscutible e histórico que vive a diario la administración aispurista autollamada Gobierno del “Durango para Todos…”, con una agonía a la que todavía le quedan  23 días que serán de pronóstico reservado incluso hay quienes afirman que el infierno será poco para ellos, ya que protagonizan el cierre más ineficiente, incapaz y cuestionado en cuanto a su honorabilidad que sexenio alguno por más atropellado y escandaloso del que haya memoria haya padecido y en el que se haya visto inmerso  en el estado de Durango.

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