Durango, Dgo. (EL CONTRALOR). – La reforma electoral impulsada por el Presidente López Obrador, que busca transformar el árbitro electoral, ha desatado un intenso debate en México, un país que en las últimas dos décadas ha considerado al organismo electoral como clave para poner fin al unipartidismo. En medio de la polémica, ha defendido su iniciativa centrando sus ataques en que el Instituto Nacional Electoral le cuesta demasiado a los contribuyentes y que paga altos salarios a sus directivos
El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la segunda marcha en defensa del INE. En CDMX, los manifestantes se dieron cita en el Zócalo capitalino, también se realizaron marchas en, al menos, otras 25 ciudades del país. En redes sociales se documentó la congregación de manifestantes en distintas ciudades de Europa, tales como París, Madrid y Ginebra. Al encuentro se dieron cita militantes y la dirigencia de diversos partidos políticos, así como organizaciones civiles, activistas, periodistas y más personalidades en contra del Plan B de la Reforma Electoral. Finalmente, el magno evento concluyó con los contundentes mensajes de la periodista Beatriz Pagés desde el templete del Zócalo capitalino:
“Callar nos haría cómplices de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral. Se utilizó al INE y la democracia para llegar al poder. Y hoy quieren matarlos para impedir la alternancia. (…) El Plan B de la Reforma Electoral es la crónica de un fraude anunciado” (…) Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 2024. (…) Desde hoy llenemos las urnas. Votemos en contra de la mentira y mediocridad; votemos en contra de populismos depredadores y autocráticos.
Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien llegó a la concentración del Zócalo acompañado de Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y otras personalidades de la militancia, brindó lo que sería un primer estimado del número de asistentes a la marcha a favor del INE: más 500 mil personas, asimismo por medio de sus redes sociales manifestó que “López Obrador dijo que si se manifestaban más de cien mil, se iba a su rancho…Así que ya puede ir haciendo sus maletas” dijo.
Por su parte, el partido Morena lanzó una serie de desestimaciones en contra de la congregación afirmando que la segunda edición de la protesta buscaría ir en contra de la Cuarta Transformación que “quieren regresar al pasado corrupto”, que lo que realmente la derecha quiere es gritar que ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan, que la corrupción no se toca y que el influyentismo no se toca’”.
En varios puntos de la Ciudad de México se desplegaron mantas del exsecretario de Seguridad, con la leyenda “García Luna no se toca”, asimismo, los primeros asistentes que arribaron al Zócalo capitalino fueron recibidos con una manta que, en un intento por desprestigiar la marcha en defensa del INE, se observaba el logo del Partido Acción Nacional (PAN) junto a Genaro García Luna y la leyenda “culpable”. El cartel se extendió en uno de los edificios de la periferia de la explanada, minutos después fue retirada del inmueble gubernamental al grito de “¡Que la quiten!” de las y los presentes. Los restos de la propaganda fueron lanzados hacia Palacio Nacional.
También destacó que el Palacio Nacional amaneciera bardeado con vallas metálicas de dos metros de altura, que fueron colocadas en la noche del 25 de febrero, hecho que reprobaron algunos manifestantes y actores políticos que a su vez señalaron “No somos igual de salvajes que los de Morena”. Por su parte, el INE reconoció que parte de sus integrantes acudieron a la marcha y que quienes lo hicieron, fue en ejercicio pleno de sus derechos y libertades individuales y, en ningún caso, el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto intervino en la organización o como oradores en tales acciones.
López Obrador señaló que los asistentes de marcha, “ni saben cuál es el plan b”, y que la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE”..
Recordémos que, en 2022, AMLO envió una propuesta de reforma en materia electoral al Congreso. El objetivo, según dijo, era garantizar verdadera independencia e imparcialidad de quienes organizan las elecciones en el país, el presidente también criticaba que el proceso electoral mexicano fuera uno de los más costosos del mundo, con un monto de 20 mil millones de pesos. La reforma además contemplaba la eliminación de los diputados y senadores plurinominales. Dicha iniciativa generó una manifestación de opositores apoyando al INE. Finalmente, no se aprobó por no alcanzar el número de votos necesario, pues al ser una reforma constitucional, se necesitaban dos tercios de los escaños, para que fuera aprobada. Hubo también controversia al interior de Morena, pues su coordinador de senadores, Ricardo Monreal, fue uno de los dos morenistas que votaron en contra de la propuesta del presidente.
A pesar de todo lo anterior, AMLO tenía preparada una propuesta de ley que se conoció como el “Plan B” de la Reforma Electoral, la cual es una reforma “acotada, porque no puede contradecir lo que está en la Constitución, los cambios que se pudieron hacer”.El “Plan B”, implica una restructuración del INE, recorte en el gasto y eliminación de su autonomía presupuestal.
Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Senado de la República rechazó el pasado 22 de febrero la modificación que realizó la Cámara de Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la “cláusula de vida eterna” para los partidos políticos, por lo que se mantiene en los términos de la ley vigente, de acuerdo con el Canal del Congreso. Este punto que se intentó agregar al “Plan B” permitía que entre partidos de una misma coalición se pudieran transferir votos para así evitar la desaparición de partidos políticos con bajo apoyo electoral. Fue impulsada por los aliados de Morena: el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Finalmente, el “Plan B” de la reforma electoral fue promulgado pasada la medianoche del pasado jueves. La reforma a leyes secundarias en materia electoral, propuesta luego de que el Presidente no consiguió los votos para modificar la Constitución, fue avalada por los legisladores de Morena y sus aliados, aunque aún podría ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores, aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambia las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023. También se propone modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Un punto clave de la reforma es modificar las instancias de dirección del INE. Con ello se eliminará la Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se dictan directrices de ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral. En su lugar, se plantea crear una Comisión de Administración con cinco consejeros. La ruta marcada para la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con el cese inmediato de su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, tras 14 años en el cargo.
La reforma aprobada reduce el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales, con el pretexto del ahorro. Deberá extinguirse el Fideicomiso para de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto. El primero será empleado para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Este SPEN actualmente integra las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejos distritales donde hay personal especializado en Organización, capacitación y Registro Federal de Electores. Todos los cambios en la estructura del INE deberán hacerse con cargo al presupuesto ya aprobado y no habrá recursos adicionales.
El “Plan B”, reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral, lo que impedirá contar con personal calificado para supervisar los comicios. Al menos 2 mil 175 empleados del Servicio Profesional serán despedidos, esto representa el 84.6 % de las plazas. Además, saldrán otros 2 mil trabajadores administrativos. Ex presidentes del INE, los actuales consejeros y académicos han advertido del impacto que tendrá en la confección del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos, centrales del sistema democrático nacional. Asimismo, faculta al Gobierno a interceder en las elecciones ya que los funcionarios podrán hacer propaganda durante las elecciones bajo el argumento de que usan su libertad de expresión; además, permitirá que los mexicanos en el extranjero voten con su pasaporte o su matrícula consular, un documento expedido no por el INE que es autónomo sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Estas medidas podrían ser suspendidas por la Suprema Corte, donde se han presentado ya controversias constitucionales. Si la Suprema Corte de Justicia no la revierte, en noviembre, el órgano electoral deberá informar sobre las adecuaciones administrativas y el costo de la reestructuración, al desaparecer las juntas distritales y crear oficinas auxiliares, además de despedir a los vocales ejecutivos, fusionar direcciones y eliminar unidades y áreas en la sede central.
Por su parte, AMLO se mostró confiado en que la Reforma Electoral superará los desafíos legales porque no está fuera de la ley. Una opinión diferente tuvo el abogado y consultor en temas electorales, Arturo Espinosa, quien indicó a The Associated Press que hay “altas probabilidades” de que prosperen las impugnaciones contra el paquete de leyes porque “hubo irregularidades” en el proceso legislativo de aprobación. También porque algunas de las modificaciones son “contrarias al texto constitucional”, debido a que vulneran la autonomía del INE y los “principios democráticos que deben observar las elecciones”.
Espinosa explicó que el paquete de leyes tendrá vigencia inmediata, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el consultor dijo que está en duda si la reforma podrá aplicarse en los comicios presidenciales del 2024 debido a que la constitución establece que no se pueden hacer cambios a las leyes 90 días antes del inicio del proceso electoral y agregó que ese punto deberá aclararlo la Corte.
Federico Estévez, profesor jubilado de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, apuntó que las afirmaciones de la oposición de que López Obrador está “desmantelando la democracia” son exageradas. “No se trata de deshacer la democracia, es una concepción diferente de la democracia”, dijo Estévez. “Es más mayoritario y menos dependiente de élites inadecuadas, improductivas y equivocadas”, defendió el profesor. Al respecto Patricio Morelos, profesor en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, indicó que “habría que preguntarse si el hecho del alto costo es algo malo si se asegura una democracia plena, con resultados ampliamente reconocidos por la gente”.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas. Para el INE, las modificaciones legislativas merman su autonomía y la capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, además de que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal.
