Durango, Dgo. (EL CONTRALOR). – Previo a la Semana Santa 2023, pareciera que se soltaron algunos cuantos “demonios” en el ambiente político y social que se vive entre los duranguenses, y en general, entre los medicamos.
Por una parte, la violencia del crimen organizado se incrementó considerablemente en entidades que tenían problemas, pero no al nivel de alarido en el que se encuentran en la víspera del periodo vacacional de Semana Mayor.
Pero también, por la embestida que habrá de venir de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que la Suprema Corte va mostrando su inclinación en contra del llamado Plan B que propuso AMLO para acotar a los organismos electorales del país de cara a las elecciones de 2024.
Mientras tanto, en el plano estatal la discusión ha crecido y se ha acalorado por momentos, a raíz de que el H. Congreso del Estado repentinamente empezó a discutir un borrador de reforma electoral que, entre otras cosas, contempla incrementar de 25 a 30 el número de diputados locales que se elijan a partir de las elecciones de 2024.
El detalle es que, ante lo mal socializada que se dio la operación política previa, o quizá ante el hecho de no se dio el cabildeo necesario, la propuesta ha sido severamente criticada por varias fuerzas políticas, y sobre todo por un amplio sector de la población que lo último que quiere ante el grave desfalco financiero de Aispuro, es mantener con los impuestos de todos a otros 5 legisladores, cuando las 25 que están muy lejos de representar los intereses de la ciudadanía.
Pero, como si no fuera suficiente el desgaste que vive el gobierno federal, la crisis financiera por la que atraviesa el gobierno estatal del “Dgo. Con el Valor de su Gente”, y las pifias políticas de la actual LXIX Legislatura local, todavía llega la Presidencia Municipal de Durango a decirles “quítate que ahí te voy”, al perder (aparentemente) el debate público ante la inconciencia y de la sinrazón en el tema de las llamadas “perronas”, porque reclamamos seguridad, y la hemos estado exigiendo pero parece ser que se está imponiendo la mentalidad estrecha y enana que nos ha caracterizado como sociedad duranguense, sin tener claro que la seguridad cuesta, y que para vivir tranquilos y en paz no debe importar el gasto, debemos entender que hay que invertir recursos suficientes para lograr la tranquilidad y seguridad que anhelamos.
Conociendo la tradicional mentalidad de los duranguenses percibimos que aún pensamos y creemos que vivimos en la época del gobierno Cardenista, en donde papá gobierno te daba hasta para la kermesse, olvidando que hoy son tiempos de aportar de acuerdo a tus ingresos y con ello coadyuvar a tener un gobierno resolutivo ante una sociedad duranguense reclamante.
Y, por si fuera poco, los demonios inconformes y criticones de siempre se sueltan ahora contra la intención del alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez a favor de que en Durango se implementen las fotomultas, dejando de lado la nula educación vial persistente e irrespeto a la Ley y a los derechos de los transeúntes tanto discapacitados como adultos mayores, niños y ciclistas.
DIVORCIO. –
El divorcio entre la clase política y la sociedad parece cada vez más evidente y profundo. Mientras que los ciudadanos sufren el aumento de la violencia y la inseguridad generada por la delincuencia común y agravada por el crimen organizado, los políticos se enfrascan en debates estériles y poco productivos sobre reformas electorales que no representan una solución real a los problemas que aquejan a la sociedad.
Además, en lugar de escuchar y atender las necesidades de la población, los políticos parecen más interesados en imponer sus propias agendas y proyectos, sin importar si estos son de interés para los ciudadanos o no.
El ejemplo más claro de esto es la propuesta del H. Congreso del Estado de Durango de incrementar el número de diputados, a pesar de que la ciudadanía ha expresado su rechazo y descontento con esta medida.
La situación se agrava cuando los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, enfrentan crisis financieras y administrativas que limitan su capacidad para ofrecer soluciones reales a los problemas que aquejan a las sociedades que gobiernan. En lugar de buscar soluciones creativas y eficientes, muchos políticos se aferran a medidas que a simple vista parecen más recaudatorias que otra cosa, y la mayoría de sus propuestas legislativas inciden también en el gasto público, sin fundamento ni consenso, como la implementación de las fotomultas en Durango, que solo han generado más polémica y malestar entre los ciudadanos, dejando de lado que de por sí arrastran el viacrucis, ahora aumentado en grado superlativo de los “retenes del terror o de la extorción”.
Es evidente que los políticos de hoy en día han perdido de vista su papel como representantes de la sociedad y defensores del bien común. En su lugar, parecen más interesados en perpetuarse en el poder y defender sus propios intereses y agendas políticas, sin importar las consecuencias que sus decisiones desatinadas impactan para la sociedad en su conjunto.
El grito de muchos ante esta situación es presionar para que la clase política en México tome en serio su responsabilidad y empiece a trabajar en favor de la sociedad que los eligió en primer lugar. Solo así se podrá recuperar la confianza y la legitimidad que han perdido en los últimos años, y se podrán encontrar soluciones reales y efectivas a los problemas que aquejan a la sociedad, con la cual existe un evidente divorcio tanto a nivel local como en el plano nacional.
PLAN B.-
El ambiente de Durango tiene una dinámica diferente a la de nivel nacional, pues lo que ocurrió al cierre de esta semana les devuelve a las instituciones electorales un respiro, y a la ciudadanía toda una esperanza de que no se vaya a imponer la terquedad sobre la legalidad.
Este viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral que impulsó el presidente López Obrador, junto con MORENA y sus aliados, el PT y Verde Ecologista; concediendo la suspensión solicitada por el organismo, ante tal hecho se frena por el momento la reforma.
La suspensión decretada es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la publicación de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expiden una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, determinó el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek.
Mediante un comunicado, la Suprema Corte de Justicia informó que dicha suspensión fue otorgada debido a que el Plan B no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
Indicó que la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos.
“En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
Mientras tanto, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, celebraron la suspensión que frena la implementación del Plan B.
Es un respiro, pero, definitivamente en la víspera de la tradición católica de la Semana Santa se “soltaron” algunos cuantos “demonios” en el país, y es por eso que la decisión inicial de la Suprema Corte hace suponer que hay y seguirá habiendo instituciones del Estado Mexicano que no estén a capricho de nadie en lo individual, sino del lado de las mayorías y respetando eso, su institucionalidad.
EXIGIMOS PROGRESO SIN APORTAR NADA. –
Mientras tanto en nuestro terruño Durango, seguirán como siempre haciéndose presentes los inconformes de siempre. Esos que desde su existencia han sido reclamantes de todo y propositivos-aportadores de nada. Pero esa ha sido nuestra tradicional idiosincrasia que nos ha distinguido ante el resto de los estados del país como una sociedad duranguense perezosa, rijosa y enemiga hasta de la imagen que refleja el espejo propiedad de cada uno de nosotros. Es decir, somos nuestro propio enemigo, porque exigimos progreso sin aportar nada. Y así en ninguna parte se genera progreso.
