Durango, Dgo. (EL CONTRALOR). – Es por toda la población sabido que, desde finales de octubre, en Durango se han registrado 54 casos de meningitis, de los cuales 7 mujeres han fallecido y al menos, 10 personas permanecen en terapia intensiva, y que es muy probable que el número continúe en aumento en las próximas semanas. Aunque en un inicio se habló de meningitis aséptica, hoy se sabe que se trata de meningitis micótica, es decir producida por un hongo.
Tras los primeros reportes de casos en noviembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Durango aseguraron las instalaciones, documentos y medicamento del Hospital del Parque, a raíz de dichos actos entre el 3 y el 4 de noviembre se abrieron 5 carpetas de investigación que partieron de las denuncias por los casos de meningitis en mujeres con antecedentes de haberse practicado una intervención quirúrgica y recibir bloqueo neuroaxial.
Fue hasta la tarde del martes 15 de noviembre que la Secretaría de Salud federal informó el inicio de un operativo para determinar los orígenes de los casos de meningitis en Durango enviando a una comisión de personas expertas de diferentes áreas de esta dependencia a trabajar en coordinación con autoridades locales para determinar no solo las causas, sino supervisar la atención médica, con el propósito de que las personas afectadas reciban atención médica de calidad.
En el mismo comunicado se informa que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), recibió muestras de líquido cefalorraquídeo y cepas aisladas de pacientes con resultados preliminares de afecciones cutáneas, a quienes les fueron suministrados medicamentos antifúngicos, es decir, contra hongos.
Que la COFEPRIS verifica los establecimientos de salud privados y lleva a cabo labores de farmacovigilancia, análisis de laboratorio y trazabilidad de medicamentos e insumos, lo que ha resultado en la suspensión de actividades de un hospital privado y de dos quirófanos de otro nosocomio, también particular, debido a irregularidades críticas detectadas
El cargamento de fármacos que llegó la noche del martes, fue trasladado por la Guardia Nacional, el cual contaba con dos mil dosis de voriconazol, 6 mil 500 de amforericina b liposomal y 10 mil dosis de paracetamol inyectable.
Aunque la meningitis puede tener muchas causas, las más común es por causas virales, sin embargo, en esta ocasión todo indica que la causa es un hongo, mismo que fue introducido directamente al sistema nervioso por medio de la anestesia mencionada, para llegar a este hallazgo incluso se mandaron algunas de las pruebas tomadas fuera del país para su análisis.
La meningitis es una enfermedad grave y mortal que causa la inflamación de las capas que rodean el cerebro y la médula espinal, llamada meninges y termina afectando directamente al cerebro. Por lo general, se aíslan los patógenos que la ocasionan, pero cuando no se logra, se determina que es una meningitis aséptica. Por eso, al inicio de esta contingencia sanitaria se le catalogó así.
El común denominador de las víctimas es que recibieron anestesia con Bupivacaína pesada vía punción lumbar, de manera que la sustancia entró directamente al líquido cefalorraquídeo. Además, ante algunas fallas en el efecto, en algunos casos se aplicó doble dosis del anestésico. Laboratorios Pisa ha informado que los lotes de bupivacaína se distribuyeron a varios estados y solo en Durango se informan casos de meningitis por lo que se consideró desde un inicio que pudiera tratarse de una adulteración. Las autoridades competentes en el área hacen la investigación y una de las hipótesis es el uso de medicamento caducado o procedente del mercado negro, versión que cobra fuerza en la localidad.
Según el infectólogo Alejandro Ernesto Macías Hernández, mejor conocido como “El Zar de la Influenza”, una vez que se detectó el hongo causante, se ha determinado el tratamiento a seguir con Voraconizol y la Anfoterina B, este último escaso en el país; por lo tanto, se optó por hacer un resguardo y concentración nacional para enviarlo a Durango, el cual arribó el pasado martes por la noche. Y es que el tratamiento será por varios meses de manera que se requerirán grandes cantidades de medicamentos, por eso, dicen, ya se habló con las farmacéuticas para que garanticen el abasto a mediano y largo plazo.
Por su parte, la actual secretaria de salud Dra. Irasema Kondo Padilla asegura que los medicamentos y tratamientos han estado garantizados en todo momento, que los cuidados no se han hecho esperar, ya que las personas afectadas han sido canalizadas de manera personalizada por médicos y enfermeras, con tratamientos para cada uno de ellos, que la dosificación de medicamento es acorde al estado y condición de cada individuo, por lo que se lleva una atención puntual en cada caso.
A su vez, dijo se atiende de manera integral a todas las familias de los hospitalizados, para brindar atención integral por parte del Instituto de Salud Mental del Estado, así como el respaldo del DIF Estatal, además la titular dijo que a través del C5 se hace contacto con personas con previo procedimiento ginecoobstétrico o que recibieron un tipo de anestesia en hospitales privados, para iniciar protocolo y prevenir síntomas. En fin, una atención de primera.
Sin embargo, los familiares de los pacientes, así como de las mujeres que ya han fallecido, aseguran que no es verdad, pues no se están aplicando los medicamentos, argumentando desabasto, así como que se ha dejado en total desamparo a los familiares de las víctimas fatales.
Para acabar de encender la indignación social, desde hace unos días comenzó a circular el nombre de un presunto responsable de la distribución de dicho medicamento, un anestesiólogo de nombre Genaro N, sobrino de la ex fiscal Ruth Medina Alemán, que, dicho sea de paso, fue funcionario de la Secretaría de Salud de la pasada administración y ya tenía en su haber algunos escándalos, además de que se asegura que actuó con ayuda de varios cómplices de la administración pública.
En el texto que circula por redes sociales, se afirma que la anestesia utilizada en las víctimas, caducó en las bodegas de la Secretaría de Salud y en vez de destruirlo, se le vendió al anestesiólogo con la autorización de varios funcionarios en los que destaca la contadora Ruth Vázquez Barraza quién se encargaba del almacén de la Secretaría y es amiga cercana de Elvira Barrantes de Aispuro, a un muy bajo costo y que los ex secretarios de Salud, Cesar Franco Mariscal y Sergio González Romero, estaban enterados del fraude y protegieron a Genaro.
Que después de que el escándalo creciera Genaro intentó suicidarse en el hospital Santé, pero un compañero pudo reanimarlo y salvarle la vida, para luego ser trasladado de urgencia a Querétaro donde ahora se esconde.
Señalan también que la encargada de la Secretaría de salud, la Dra. Kondo, estaba también enterada del robo y mal uso de medicamentos, sin embargo, al ser recomendada de la señora Elvira Barrantes ocultó la información pues que, dicho sea de paso, es esposa del diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, quien era el asistente de José R. Aispuro Torres. Y que el motivo por el que tomó varios días más en actuar el Gobierno antes de clausurar clínicas e ir soltando información, fue la intervención de Ruth Medina Alemán ante el gobernador Villegas para ganar tiempo para esconder a su sobrino.
De lo más reprobable que percibe la sociedad, es el hecho de que la información se sigue dando a medias por parte de las autoridades, los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en los últimos meses en clínicas particulares, aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos, que no saben si su salud y su vida está en riego, asimismo familiares de las mujeres que perdieron la vida han declarado en medios, el hermetismo con que los recibieron y atendieron en el hospital materno infantil y 450 cuando no les daban información, como el caso de la primer mujer fallecida, cuyo marido ha declarado que solo la citaron en el hospital materno infantil y la internaron sin dar mayor explicación a su familia hasta que poco a poco se fueron enterando por otros familiares de los casos similares, que evitaban que hablaran entre ellos y una serie de irregularidades que robustecen la hipótesis de que desde el principio, las autoridades sabían y ocultaban información relevante.
Un acto criminal como el cometido en Durango no puede quedar en la impunidad. Se debe sancionar a quien resulte responsable ya sea por omisión, negligencia, corrupción o complicidad, sin importar de quién se trate.
