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Si en el anterior trienio del municipio de Durango la corrupción fue galopante, en la actual administración del panista Jorge Salum del Palacio se han roto todos los moldes hasta caer en la anarquía absoluta.

Esta gestión, sin duda alguna, ha sido la que más ataques directos ha asestado contra la ciudadanía, desde permitir que grupos delincuenciales se roben las multas que los ciudadanos pagan en las delegaciones del Juzgado Administrativo hasta autorizar ilegalmente edificaciones que violan los reglamentos de Desarrollo Urbano y agreden los derechos de la ciudadanía.

Así, en este momento podemos ver la descarada construcción del edificio de 7 niveles que la Universidad Autónoma de Durango está llevando a cabo fuera de la ley en la Av. Francisco Sarabia Núm. 416, en pleno Centro Histórico de la capital duranguense, con la complicidad del alcalde Jorge Salum y del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jorge Antonio Reyes Valdez. A este atropello ahora se suman más denuncias ciudadanas que exhiben las lacerantes transgresiones a las leyes y reglamentos de carácter urbano que se practican en el gobierno panista de la capital duranguense. 

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La construcción ilegal de 7 niveles que la Universidad Autónoma de Durango está realizando en la Av. Francisco Sarabia Núm. 416, en pleno Centro Histórico de la capital duranguense es una verdadera ofensa para la ciudadanía.

En esta ocasión son los habitantes del fraccionamiento Los Remedios, una de las zonas más emblemáticas de Durango, quienes denuncian los abusos que han venido padeciendo por parte del director de Desarrollo Urbano, Arq. Alberto Pérez-Arellano Soto, quien ha estado autorizando varias construcciones de edificios de departamentos que no respetan la servidumbre de vista. Al respecto manifiestan: “En estos momentos están demoliendo una casa en la calle Circuito Las Brisas Núm. 366, no cuentan con autorización para demoler ni licencia ni permiso de Uso de suelo. Van a construir un edificio de departamentos de más de dos niveles, que va a obstruir la vista de las casas de atrás, además de que va a invadir la privacidad de quienes habitan esos inmuebles porque desde el edificio se van a alcanzar a ver los patios traseros y el interior de las viviendas. Esto le va a restar plusvalía a nuestras casas”, manifiestan.

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En la calle Circuito Las Brisas Núm. 366 están demoliendo una casa para construir un edificio de dos niveles que afectará la privacidad de los vecinos que habitan las casas aledañas.

Los vecinos del fraccionamiento Los Remedios exponen que “el respeto a la servidumbre de vista es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya jurisprudencia establece que ‘la servidumbre legal de vista deriva de la naturaleza propia de los inmuebles y de su ubicación; así, cuando una construcción impide a otra el acceso al paisaje principal del lugar, la ley autoriza al propietario del predio dominante a reclamar se proteja su derecho para tal fin, atendiendo a las necesidades de ese predio y a las posibilidades del predio sirviente. Por ello, resulta inexacto que solo el Ayuntamiento respectivo pueda ejercitar la acción correspondiente por sus funciones de vigilancia e inspección en materia de construcciones’”.

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Alberto Pérez-Arellano Soto, director de Desarrollo Urbano del municipio de Durango, debe ser investigado por la Contraloría municipal y el Congreso local por las tropelías que está cometiendo en el desempeño de sus funciones.

También, los habitantes de Los Remedios expresan que las autoridades municipales violan constantemente los artículos 823 al 841 de la Propiedad, y los artículos 1043 al 1103 de las Servidumbres, del Código Civil del estado de Durango. “El artículo 826 especifica que el propietario o el inquilino de un predio tiene derecho de ejercer las acciones que procedan para impedir que por el mal uso de la propiedad del vecino se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habitan el predio”, señalan.

Por desgracia, los más altos funcionarios de este municipio son los primeros que violan el Reglamento de Construcciones, con el aval corrupto de los regidores del Cabildo, representando estas violaciones un jugoso negocio para estos “servidores públicos” en perjuicio de la ciudadanía.

“Ya hemos entregado escritos ante las autoridades del municipio de Durango, en los que manifestamos nuestra inconformidad por estas violaciones al Reglamento de Construcciones, específicamente al director de Desarrollo Urbano, Arq. Alberto Pérez-Arellano, pero hace caso omiso”, finalizan los vecinos del fraccionamiento Los Remedios.

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