Ayer se cumplió el plazo legal para el proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado, por lo que en breve, se espera una andanada de denuncias, sobre todo cuando en la ciudad de México, ya solicitan respuesta a los actos de corrupción que se llevaron a cabo en nuestra entidad que provocaron el robo más grande al erario público.
La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas, ya que al interior de la clase política mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control, lo que conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y el desgaste de la legitimidad.
De esta manera, acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como intermediador de demandas de grupos sociales, sobre todo cuando las clases populares se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político, ya que la corrupción aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.
En materia económica, aumenta la deuda, como se registró en nuestra entidad, al conducir al relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que no alcanzan las normas establecidas o tecnológicas innecesarias y se aprueban proyectos basados en el valor capital involucrado en los mismos, más que en la mano de obra, pero sin base para el desarrollo, por lo que cuando un estado crece su endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no son viables, la deuda adicional no sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la inversión gira a proyectos improductivos e innecesarios.
Esto ha provocado que aunado a errores financieros, en Durango, estemos frente a los hechos de corrupción más grandes de la historia ocurridos durante la pasada administración, y que alcanzaron posibles desvíos de recursos por el orden de los 30 mil millones de pesos.
Por eso es difícil pensar en el problema de la corrupción sin vincularlo con el de la impunidad, y es todavía más complicado no relacionar este binomio a grandes casos de corrupción de funcionarios públicos de alto nivel, debido a que en la administración no sólo es el resultado de complejas redes de complicidades entre servidores públicos de distintas jerarquías, sino que también hay corrupción en pequeña escala, casi imperceptible y quizá más difícil de detectar y castigar, que va desde el uso de hojas de máquinas como de tráfico de influencias en la realización de algunos trámites.
Asi, es necesario integrar de manera debida el expediente y fincar responsabilidades, dentro del catálogo de faltas graves de los servidores públicos, ya sea por acto o por omisión, que pueden considerarse de acuerdo a su realización en cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, contratación indebida, tráfico de influencias, encubrimiento, conflicto de interés, entre otras.
Y así, la impunidad y corrupción en Durango, debe enfrentarse con responsabilidad administrativa y penal.
