Durante la segunda sesión del Periodo Extraordinario de Sesiones, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública presentó el dictamen que homologa la legislación local con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con esta nueva ley, la ahora Auditoría Superior del Estado (antes EASE) tendrá la facultad de revisar los procesos concluidos que los sujetos de fiscalización reporten en sus informes preliminares, así como las acciones comprometidas o devengadas. Además, se podrán investigar hechos derivados de denuncias que pudieran constituir daño a la hacienda pública o al patrimonio público.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Alejandra del Valle Ramírez, consideró necesario que Durango cuente con una nueva legislación en materia de fiscalización y rendición de cuentas, que generen confianza en los duranguenses, actuando con profesionalismo, credibilidad, transparencia e imparcialidad; donde además se haga uso de las herramientas electrónicas y así, todo ciudadano puede consultar la información en las páginas de transparencia.
Por su parte, la legisladora del Partido Acción Nacional, Verónica Pérez Herrera, resaltó que el nuevo ordenamiento es un gran avance en el proceso de fiscalización de la entidad al establecer innovaciones como es la autoridad investigadora y sustanciadora; el buzón digital y el Sistema de Registro y Contabilidad Gubernamental, para mejorar todos los procesos.
“Con esta nueva ley de fiscalización buscamos garantizar que el uso de los recursos públicos sea más eficiente, transparente y apegado a derecho en beneficio de la ciudadanía y que, quienes los distraigan y hagan mal uso de ellos, reciban un castigo real”, subrayó la diputada del Partido revolucionario Institucional, Rosa María Triana Martínez.
Otra de las innovaciones de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado es la creación de una plataforma electrónica que facilitará los procesos de fiscalización. Los servidores públicos del ente fiscalizable podrán utilizar esta plataforma para realizar notificaciones y otros procedimientos de manera digital, agilizando así el trabajo de auditoría.
Asimismo, la Auditoría Superior de Estado tendrá la responsabilidad de conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas detectadas durante sus funciones de fiscalización; además de promover las responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones correspondientes a servidores públicos estatales y municipales, y, cuando aplique, a particulares.
