Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la llamada “Ley Ingrid”, una reforma al Código Penal del Estado, para castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de 36 a 432 veces la Unidad de Medida y Actualización a los servidores públicos que difunda imágenes, audios o videos relacionados
con una víctima o algún delito.
Lo anterior, una vez que la Comisión de Justicia analizó la iniciativa que en su momento presentó la diputada Sandra Amaya Rosales a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Al razonar su voto a favor, Amaya Rosales, señaló que respaldar la Ley Ingrid en nuestra entidad, permitirá que, nunca más un servidor público comparta, difunda o comercialice imágenes de la escena del crimen, alimentando el morbo y el amarillismo, cuando ellos están para garantizar los derechos
humanos.
Tenemos que poner fin a la revictimización mediática, la discriminación y estigmatización contra las mujeres y principalmente terminar con la impunidad de los delitos.
Dejemos de lado los colores partidarios y sumemos esfuerzos en beneficio a estas luchas de mujeres feministas que aclaman justicia en las calles. Por los derechos de las víctimas, por los derechos de las mujeres y de todas las personas.
Esta intervención ante la más alta tribuna es para usar mi voz por aquellas
mujeres víctimas de feminicidio, Ingrid Escamilla tenía 25 años cuando su
pareja sentimental la asesinó el 09 de febrero del 2020 en el Estado de
México.
El feminicida asesinó a Ingrid tras una discusión, la desolló y lanzó sus
órganos internos a una coladera cercana. Su cuerpo presentaba múltiples
laceraciones de arma blanca.
Este crimen tan terrorífico y lamentable fue conocido a lo largo de nuestro
país ya que las imágenes de la víctima fueron filtradas y difundidas en redes
sociales y algunos medios de comunicación decidieron publicarlas. Algunos
