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Una reforma electoral regresiva, impulsada desde el poder y elaborada por funcionarios de Hacienda, fue enviada ayer por el presidente a un Congreso de la Unión, donde carece de la mayoría calificada para cambios a la Constitución.
Prácticamente desahuciada fue remitida en medio de los escándalos del ecocidio del Tren Maya y las develaciones del expresidente Trump sobre acuerdos negados por el gobierno de López Obrador en materia de migración.
Los contenidos de la iniciativa parecen hechos para incendiar la pradera, no para concitar acuerdos, por lo menos, así lo ven los expertos.
Para los especialistas en el tema electoral, la reforma propuesta busca controlar el sistema electoral y garantizar que Morena se mantenga en el poder.
Consejeros y exconsejeros electorales insistieron en que es una reforma regresiva que elimina la pluralidad, la autonomía de las instituciones y la eficiencia en la organización de los comicios.
Consideran que la mayoría de las propuestas están marcadas por el control e influencia que tendrían el titular del Ejecutivo federal, el partido oficial y los gobernadores.
“Esta reforma planteada por López Obrador no está buscando el fortalecimiento del sistema electoral, sino que está buscando ampliar los márgenes del control político del presidente“, afirmó el exconsejero Marco Baños.
Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE, es previsible que la reforma no pasará en sus términos, pareciera un pretexto del Mandatario para atacar al órgano electoral durante los próximos dos años.
“El riesgo de esto es que sea un pretexto de López Obrador para que en 2024 desconozca los resultados o les sean adversos, y va a argumentar que él propuso una reforma, que él quiso mejorar a las autoridades y no lo dejaron. Decir que la autoridad es ilegítima”, apuntó.
En el caso de los consejeros y magistrados, señalan los expertos que si son electos por los ciudadanos, al final obedecerían a intereses del presidente y del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, porque serán promovidos por éstos.
“El proceso estaría viciado de origen, por ser propuestos por el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados y con criterios claramente partidistas, estarían subordinados al gobierno, como estaban hace más de 30 años”, advirtió el consejero Jaime Rivera.
La propuesta de reducir a 300 el número de diputados y que sean electos por lista estatal, exterminaría a los partidos minoritarios dañando la pluralidad nacional.
Contra ello, plantean una lista nacional, para dar cabida a los partidos pequeños en el Congreso.
“El riesgo es que reduces la proporcionalidad del sistema a nivel nacional. Cuando mezclas representación proporcional con listas estatales, el resultado puede distorsionar el sistema y hacer más grande al grandote y más chico al chiquito”, agregó Ugalde.
Para Baños, al ser listas estatales, el partido mayoritario siempre ganará y los gobernadores operarían para que esto sucediera.
Baños y Rivera coinciden en que la intención de quitar la prohibición para que los servidores públicos puedan opinar sobre asuntos electorales también tiene riesgos, porque quien controla las gubernaturas y la mayor parte de alcaldías influiría con recursos públicos en los procesos.
“Se han quejado de que el INE censura, pone límites al activismo político de los funcionarios, si se quiere eliminar eso, daría una ventaja más al partido que esté gobernando. El PRI gobernó muchos años porque controlaba al árbitro y los recursos públicos para competir y la oposición tenía pocos medios”, indicó Rivera.
Los tres coinciden en que lo rescatable de la propuesta es el voto electrónico. Sin embargo, mientras que para Ugalde podría transitar la disminución de regidores en algunos ayuntamientos y el tamaño de congresos estatales, así como la desaparición de tribunales estatales y organismos electorales locales, para Baños y Rivera, esto implica retrocesos.
Con información de Reforma.