En Durango, bajo el régimen opaco y saqueador del criminal dorado José Aispuro Torres, se respira corrupción, una corrupción institucional que es asfixiante y que obliga a repudiar la nula operatividad del Estado mexicano, apático e incapaz de someter al imperio de la ley a este dictadorzuelo local que llegó al poder cobijado por el Partido Acción Nacional y apadrinado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Desde el inicio de su sexenio, este mandatario y su esposa voraz, Elvira Barrantes, no solo controlaron con lacayos incondicionales las direcciones de administración de todas las secretarías e institutos estatales (ahí donde está el dinero) sino también se hicieron del control absoluto del Poder Judicial. Así, el gobernador de marras impuso a su hermana Teresa Aispuro como Secretaria Ejecutiva de Administración del Poder Judicial duranguense. A los dos años de iniciada su gestión, en 2018, Aispuro Torres impuso a su amigo cercano, Esteban Calderón Rosas, como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este abogado gris, con pésimos antecedentes inmorales como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, no dio el ancho en semejante cargo por lo que renunció y en abril de 2021 Aispuro Torres vuelve a imponer a otro de sus subordinados: su compadre, el exFiscal Ramón Gerardo Guzmán Benavente, quien ni tardo ni perezoso de inmediato incrustó en la nómina del Poder Judicial a casi todos los empleados de su despacho jurídico particular. Guzmán Benavente fue impuesto ilegalmente por el gobernador Aispuro Torres por seis años, cuando solo le correspondía terminar el período que dejó trunco su antecesor, Esteban Calderón Rosas, hasta 2024; esto, con la complicidad de los magistrados de este Poder Judicial. En octubre de 2021, Aispuro impone como Juez con jurisdicción mixta al cuñado de su hermana Teresa, Iván Botello Castro, y a la esposa de este como titular de la Defensoría Pública.
Así se ha conducido Aispuro Torres, el criminal dorado de Tamazula, practicando un nepotismo insultante y violando constantemente las leyes que prometió cumplir y hacer cumplir.
En los primeros meses de 2020, una denuncia por violación a dos menores de edad le estalla en la cara el gobernador de marras poniendo a prueba su temple como mandatario y obviamente reprueba las materias de honestidad e integridad. Se trataba de la joven madre duranguense Mónica Peyro, quien había acudido a la Fiscalía General de Durango a denunciar a su ex esposo y a su ex suegro por presuntamente haber violado a sus pequeñas hijas. Los acusados en cuestión resultaron ser amigos cercanos del gobernador bribón y propietarios de una conocida cadena de tiendas de materiales de construcción. De acuerdo a manifestaciones que Mónica Peyro publicó en redes sociales al advertir anomalías graves en el desarrollo de su denuncia, su ex suegro se jactaba de haber aportado mucho dinero a la campaña electoral del mandatario saqueador José Aispuro Torres, y por tal razón, comentó Mónica Peyro, su denuncia comenzó a ser objeto de distorsiones y dilaciones, tanto en el DIF estatal como en la Fiscalía General y en el Poder Judicial de Durango, en donde el juez de la causa penal se negó a vincular a proceso a los presuntos agresores sexuales de las menores hijas de Mónica, por lo que esta tuvo que solicitar un juicio de Amparo ante las instancias federales.
Desde ese tiempo, hace más de dos años, Mónica Peyro ha tenido que dar la cara y darle resonancia a este asunto en las redes sociales y medios de comunicación nacionales, exhibiendo la corrupción y el vergonzoso tráfico de influencias que se practica en esta entidad desde la más alta esfera de poder, es decir, desde las oficinas del gobernador José Aispuro Torres.
El pasado 8 de marzo Mónica Peyro volvió a levantar la voz, esta vez en el recinto del Congreso de Durango, en donde fueron recibidas por los diputados locales un sin número de víctimas de agresiones sexuales, cuyos casos permanecen impunes por la total inacción de la Fiscalía estatal.
El testimonio de Mónica Peyro y su activismo poniendo en entredicho nuevamente al aparato de impartición de justicia duranguense trascendió, otra vez, las fronteras de esta entidad y fueron en buena parte uno de los detonantes que provocaron la renuncia de la exFiscal General Ruth Medina Alemán, hecho que sin lugar a dudas incomodó sobremanera al mandatario transgresor de las leyes, José Aispuro Torres, quien seguramente dio instrucciones a sus subordinados del Poder Judicial para agilizar los trámites de la denuncia de marras que en 2020 interpuso el ex esposo de Mónica Peyro en su contra por el delito de “violencia familiar”, por haber publicado en redes sociales información relevante que “vulnera sus derechos y los derechos de sus pequeñas hijas”. Y esta denuncia, extrañamente, fue desempolvada y procedió de inmediato. Así, el pasado sábado 30 de abril (Día del Niño y de la Niña), Mónica Peyro fue vinculada a proceso por el delito de Violencia familiar, por el juez José Luis Carrillo Rodríguez, quien, de acuerdo a una argumentación discutible, manifestó que dicha decisión la había tomado “apegado a los principios de equidad de género y a Tratados internacionales”, encontrando conductas constitutivas de delito practicadas por Mónica Peyro y por su hermano Oscar Peyro, anteponiendo, según él, el bienestar y seguridad de las pequeñas hijas de Mónica, prohibiéndole a ambos manifestar en redes sociales y en medios de comunicación cualquier opinión sobre este caso que pudiera afectar emocionalmente al exesposo de Mónica Peyro y a sus hijas.
De acuerdo a ciudadanos que asistieron a la audiencia, el juez José Luis Carrillo Rodríguez ya llevaba impresa la resolución para vincular a proceso a Mónica Peyro y a su hermano, por lo que se deduce que este “impartidor de justicia” ya llevaba línea de sus superiores jerárquicos (léase el gobernador Aispuro Torres y el presidente del Poder Judicial, Ramón Guzmán Benavente) para perjudicar a los hermanos Peyro.
Mientras tanto, este Poder Judicial de Durango al que tanto le preocupa el bienestar de las hijas de Mónica Peyro, se aferra a seguir protegiendo a quienes abusaron sexualmente de ellas negándose a vincular a proceso a los denunciados, a pesar de existir dictámenes periciales y psicológicos contundentes y testimonios de las menores afectadas que señalan al exesposo y exsuegro de Mónica Peyro como presuntos responsables de violación, por lo que, como ya mencionamos, Mónica Peyro tuvo que solicitar amparo al Poder Judicial de la Federación y el caso, por consiguiente, sigue abierto.
Esta acción represiva y torpe contra Mónica Peyro para revictimizarla y criminalizarla, orquestada directamente por el gobernador corrupto José Aispuro Torres, su esposa Elvira Barrantes, la directora del DIF, Rocío Manzano (amiga íntima de los presuntos agresores sexuales) y el presidente del Poder Judicial de Durango, Ramón Guzmán Benavente, ya está teniendo amplias repercusiones en las redes sociales, en las que miles de usuarios ya han externado su indignación y exigencia para que instituciones federales y organismos nacionales e internacionales intervengan para apoyar a Mónica Peyro quien, ante la imposición y asedio del Poder Judicial de Durango, ya cerró su cuenta en la red social de Twitter y su página en Facebook, por lo que la ciudadanía ha comenzado a organizarse para darle voz a Mónica Peyro creando grupos en las redes sociales Whatsap, Twitter y Facebook, y convocando a una marcha pacífica que se llevará a cabo este jueves 5 de mayo a las 5 de la tarde, de la Av. 20 de Noviembre, frente al Hotel Gobernador, a la Plaza de Armas del centro de la ciudad de Durango.
Ante este flagrante abuso de poder es necesario que la ciudadanía duranguense apoye a Mónica Peyro pues, por desgracia, mientras gobierne el criminal dorado José Aispuro Torres con sus esbirros, todos los ciudadanos nos encontramos frente a la inminente posibilidad de sufrir un atropello como el que está sufriendo Mónica Peyro y su familia.
Texto de Mónica Peyro enviado a servidores públicos y medios de comunicación el pasado 13 de abril de 2022. La historia de una atrocidad protegida por el gobernador José Aispuro Torres.
