Hasta el año 2025 quedaron reservados los contratos y órdenes de pago de las vacunas anticovid Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revirtiendo así un par de resoluciones concedidas previamente en favor del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El Inai buscaba que se hiciera pública la información en torno a estos contratos del gobierno federal con farmacéuticas y, aunque según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es necesario hacer “más público lo público”, no fue este el caso.
Volviendo a la decisión de la Corte, la mayoría de ocho ministros determinaron que, bajo el contexto de crisis sanitaria que todavía se vive en el país, la información de los contratos tiene carácter de seguridad nacional, advirtiendo a su vez que volver públicos estos datos vulneraría el acceso a los biológicos.
“Se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”, indicó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien a su vez elaboró el proyecto de sentencia.
