“La violencia ejercida en los centros de atención a la salud mental, reclusorios, centros de rehabilitación y albergues analizados se caracteriza porque es infligida, en un gran porcentaje, por el personal que labora en dichos lugares. Solo el 10% de las quejas refieren violencia de parte de la población, mientras que el resto están relacionadas con acciones ejercidas por las autoridades”, informó la organización Documenta.
A raíz de las recientes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, las cuales privilegian la atención familiar y comunitaria en donde el internamiento es la última opción, Documenta recuperó los resultados obtenidos en una investigación realizada en 2020 la cual demostró las condiciones indignas y de violencia que viven las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que están internadas en estos centros.
En sintonía con el posicionamiento hecho este martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respaldaron el nuevo modelo de atención a la salud mental el cual, afirmaron, “constituye un primer y significativo paso en el largo camino que queda para lograr que en México existan servicios de atención a la salud mental basadas en la inclusión comunitaria y el pleno respeto de los derechos humanos”.
