Las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil, tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones, sin embargo, hay quienes en pos de su beneficio personal, sobre todo en el caso de funcionarios, que en lugar de brindar atención a los ciudadanos sólo buscan su beneficio personal, y así comenzamos nuestra cuenta.

1.- La falta de vigilancia y control de los planes, programas y recursos gubernamentales por parte de la Secretaría de la Contraloría fue comparsa para que se llevara a cabo por un grupo de personajes en el poder, del saqueo más grande al erario público en la historia de Durango, lo que ha provocado que la administración se encuentre en quiebra y se tengan que implementar mecanismos de recorte de gastos y revisión exhaustiva de las actividades al interior de las dependencias.

2.- En la pasada administración, había una oficina alterna a la Secretaría de Finanzas desde donde se controlaba toda la administración estatal al incrustarse en ella una serie de personajes que formaron la red de complicidades de los moches y de las comisiones con la consiguiente afectación de cada partida del presupuesto de egresos en cada obra y en cada servicio, ya sea de la proveeduría, ejecución de trabajos o con el incremento de comisionados, y que quien no se sujetaba a estas condiciones era excluído de la dependencia.

3.- En la Coordinación de Gabinete se disponía de la nómina gubernamental, con lo que se pagaban favores políticos, de ahí se tomó el control de las instituciones educativas, de las dependencias, de los organismos descentralizados y autónomos, y en este caso, habrá que investigar también a COEPA, para ver el destino de los fideicomisos y de las aportaciones institucionales del personal y alumnos de universidades e instituciones de educación superior, que eran enviadas a otras áreas, como el DIF.

4.- Como ejemplo, en el ámbito educativo y social, debe investigarse el destino de los recursos de los uniformes, que en tres años no se aplicó, 450 millones de pesos por ley, que desaparecieron no por la pandemia, sino para beneficio del grupo en el poder. A eso hay que sumar el Impuesto sobre Nómina y el Impuesto sobre Hospedaje, que en sólo unos rubros, generaron también recursos de los que tampoco se dio cuenta a la sociedad y se benefició a personas allegadas a las dirigencias empresariales, mientras que en el Poder Judicial se despacharon con la cuchara grande de fondos que deberían ser intocables, como el de Fianzas.

5.- Se multiplicaron personajes con tres o cuatro plazas en el interior de la administración, lo que nunca había pasado hasta que llegó el gabinete alterno, por lo que la participación de la UIF puede contribuir a conocer la ruta del dinero, que debería ser regresado para dar primer paso para la reparación del daño, no es suficiente estar tras las rejas, aunque ya haya órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, mismas que deben multiplicarse conforme se tengan resultados de la revisión administrativa.

6.- La denuncia de la Universidad contra el exgobernador ante la Fiscalía Anticorrupción no sólo ha puesto de manifiesto no sólo la falta de recursos, sino también acuerdos políticos que llevaron a esta situación, porque en los últimos años al interior de la Máxima Casa de Estudios se ha rumorado de la entrega anual de una cantidad superior a los 300 millones de pesos que salían del presupuesto universitario para funcionarios estatales como “pago” por la posición política, así como la inclusión dentro de la nómina de servidores públicos, a cambio de “favores”, por lo que ahora es común ver a personajes políticos dentro de la docencia aunque no asistan a clases.

7.- Por la mordida al presupuesto, surgía en el último trimestre de cada año, la cantaleta de “no hay recursos” para el pago de las prestaciones decembrinas para gestionar más dinero, y al ya no otorgarse por el gobierno federal, llevó a la administración universitaria a disponer de fondos etiquetados para sufragar los compromisos del gasto corriente, lo que ocasionó sanciones que incluso motivaron la salida del entonces Contralor.
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Es el momento de cambiar, se requiere de un cambio de perspectiva, hay todavía quienes buscan desde las siglas partidistas proteger a personajes que se robaron el dinero de los duranguenses y no entienden aún que en la complicidad ya no los va a solapar el gobierno.

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