La fiscalización del ejercicio de los recursos públicos es una de las tareas prioritarias del gobierno, por lo que las entidades y organismos del sector público deben cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas basada en una cultura, mediante su buen desempeño y la atención a las demandas de los ciudadanos.
Ante este reto, las instituciones públicas se encuentran en un constante proceso de modernización y mejora continua de sus sistemas administrativos que permitan lograr eficiencia, eficacia y economía en las operaciones que realizan, por lo que emprender una reingeniería para eliminar gastos innecesarios y destinar mayores recursos a proyectos que generen mejores condiciones de vida es ya una prioridad.
En Durango, los recursos vienen en su gran mayoría del gobierno federal, y este la excepción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó a Durango con recursos por el orden de los mil millones de pesos extraordinarios para cerrar el año 2022, lo que es una muestra de que a pesar de las condiciones que se presentan en la entidad, el respaldo del gobierno federal permitió pagar las prestaciones de fin de año de los burócratas, además de que previamente había pagado saldos a corto plazo.
Para este año nuevo, se espera una situación financiera diferente, con un presupuesto aprobado, además de que se planea junto con los alcaldes optimizar los recursos y detonar un mayor número de obras y programas que beneficien a las familias, principalmente a quienes más necesitan, como lo señaló el Gobernador Esteban Villegas Villarreal, al poner en marcha el programa de pavimentación en la capital del Estado..
Por eso, con la creación de una nueva Ley de Fiscalización se debe enviar un mensaje a servidores públicos que ocupan los distintos espacios, a que no habrá impunidad y se obligue a la Entidad de Auditoría Superior del estado a auditar en tiempo real, a que el Congreso del Estado verifique los informes que se entregan de manera periódica, y no se dejen pasar las cuentas públicas e informes solo porque haya un acuerdo político.
Además, con esta ley se busca que la Secretaría de la Contraloría informe periódicamente sobre los organismos descentralizados, ejercicio del gasto y la aplicación de los recursos que se etiquetaron, además de que las observaciones que se tengan de las dependencias y organismos, estatales y municipales, se deberán dar a conocer de manera oportuna, y no dejar pasar ninguna posibilidad de que no se aclaren los destinos de los recursos y dejar atrás acuerdos cuando se considere que hay pocas observaciones, ya que a todos los entes que tengan observaciones se les deberían rechazar las cuentas públicas hasta que no sean solventadas.
Por eso, la detención de exfuncionarios de la pasada administración son mensajes para quienes pensaban que no se actuaría contra las irregularidades del sexenio pasado, así como también para los actuales servidores públicos, ya que eso es una advertencia del Ejecutivo contra cualquier acto ilícito que se genere, lo que es una muestra de que habrá cero tolerancia a la corrupción, y no más abusos.
