La prioridad de la obra pública debe ser para constructores locales, como ha sido el anhelo de este sector, a lo que la administración estatal ha señalado que se dará prioridad a los empresarios de la localidad sobre empresas foráneas, y sin moches y así comenzamos nuestra cuenta.
1.- El compromiso de establecer una prioridad hacia los empresarios duranguenses para que el sector de la construcción pueda desarrollarse y reactivarse, por lo que se emprenderá un programa de obra pública en los 39 municipios, por lo que se mantiene constante comunicación con las cámaras y colegios para detectar si hay alguna anomalía, y atender las solicitudes del sector.
2.- El tema de los moches estará totalmente fuera de la administración de obras pública, por lo que la asignación se atenderá conforme a derecho, y de manera honesta y eficiente en el manejo del recurso, ya que en el gobierno anterior se tomó en cuenta más a los amigos y a las comisiones entregadas a los funcionarios para participar en proveer bienes y servicios, lo que motivó a que algunas dependencias se prostituyeran con la complacencia no sólo de servidores públicos, sino también de agentes externos como cámaras, organizaciones y empresas foráneas.
3.- Así, se atiende a este sector castigado con beneficio para contratistas foráneos, como de Querétaro, Chihuahua o Sinaloa, además de que deben respetarse las licitaciones y que los “segundones” y la gente que no tiene nada que ver con la construcción, dejen de hacer tráfico de influencias y moches, lo que provoca la quiebra de empresas.
4.- En lugar de obras de infraestructura, existió desinterés, apatía, estancamiento y falta de crecimiento económico; en el campo no hubo apoyos para la producción ni para la comercialización en materia agrícola y ganadera mientras que las zonas urbanas adolecen de la falta de empleo; la Comarca Lagunera no ha recuperado su vocación industrial y siguen problemas en las comunidades serranas a consecuencia de la inseguridad en zonas limítrofes de nuestro estado.
5.- Tan sólo el año pasado se arrastró un déficit de 12 mil 500 millones de pesos, de deuda a corto plazo, y se quedó a deber una parte importante de recursos para las obras a los empresarios, lo que motivó que quedaran inconclusas, y como ejemplo, el puente Francisco Villa, mientras que otras ni siquiera comenzaran.
6.- En materia de obra pública, el anterior gobierno dejó 189 obras inconclusas y un adeudo de 600 millones de pesos a contratistas, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas realizó una revisión exhaustiva obra por obra, para conocer los avances y los pendientes que se dejaron, detectar irregularidades como falta de pagos y el no seguimiento a los procesos de la obra.
7.- Eso provocó señalamientos de enriquecimiento a consecuencia de negocios desde el poder, obras que se construyeron de manera ágil, como plazas comerciales y desarrollos inmobiliarios, además de que se dio la desincorporación de terrenos o la construcción de edificios de oficinas, así como pago de comisiones de factoraje a favor de funcionarios.
Es necesaria una vocación de servicio, acabar con los iluminados y terminar con los asesores, llevar a cabo una verdadera vigilancia de los recursos para que la la sociedad que aún está escéptica, vea resultados.
