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El caso de la escuela primaria estatal número 13, está dando mucho qué hablar. La razón, el cierre de la misma ordenada por José Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación del Estado de Durango.
Al parecer, algunas autoridades no han entendido que por el caso Radilla Pacheco, se reformó la Constitución y quedaron en ella, garantías y derechos humanos.
Dicha reforma fue gracias a la sentencia en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo obliga, a respetar cualquier violación a derechos humanos.
En este contexto, se dan lo que hoy son las comisiones estatales de derechos humanos y por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En teoría, dichas comisiones atienden todo lo que tiene que ver con violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad en contra de los ciudadanos.
Es de conocimiento público, que las madres y padres de familia de la escuela estatal número 13, acudieron a interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Karla Obregón.
Al no encontrar respuesta a sus quejas, hasta el día de hoy, por la responsable de dicha comisión, las madres y padres de familia se trasladaron a la CDMX para pedirle que atraiga su caso a la CNDH.
Esto significa, que el asunto ya está en las manos de la presidenta de dicha comisión, María del Rosario Piedra Ibarra.
Sabemos que las resoluciones de las comisiones de derechos humanos no son vinculantes, sólo hacen recomendaciones y no dude usted, que en la brevedad posible llegará al secretario de Educación del Estado, por posibles violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños de dicha escuela, que hoy toman clases fuera de ella.
Por si fuera poco, se ha filtrado que están en la mira varias escuelas, así que como dice el refrán; el secretario de Educación que avisa, no engaña. Pero no se trata sólo del problema social que representa este movimiento, encabezado de manera colectiva por las madres y padres de familia, también, está en juego todo el entorno legal del caso.
Por algunos medios de comunicación, si tiene conocimiento que se han interpuesto juicios de amparo por posibles violaciones a garantías, derechos humanos, leyes generales como la de niñas, niños y adolescentes.
Hace unos días en un canal local de noticias, se pudo escuchar a un vocero del jurídico de la SEP, decir: “que un juez ordenó cerrar la escuela primaria número 13”.
Sería muy frívolo que el jurídico de la Secretaría ignorara que, en el juicio de amparo, todas las resoluciones de un juez federal son impugnables a través de recursos.
Como son; el de queja, revisión, amparo directo, inclusive si el caso la amerita hasta SCJN, y ya encarrerado el gato, en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aparte de la lucha y resistencia social por parte de las madres y padres de familia de dicha escuela, en redes sociales nos enteramos que el asunto está en la mesa del secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.
El secretario es importante por ser el operador político del actual gobierno, ya sabe usted, los conflictos por posibles violaciones a garantías y a derechos humanos, también tiene repercusiones políticas y sociales.
No debemos pasar por alto, que, en algunas ocasiones, los tratados internacionales están sobre la Constitución como sería el caso a violaciones de derechos humanos.
