La semana pasada, el caso de los 30 o más perros envenenados en la ciudad levantó gran indignación social y más al salir a la luz que esa orden procedió de la directiva del Club Campestre, en un terrible quebrantamiento de la ley, al matar a más de 30 perros, decenas de ardillas, ardillones, tlacuaches, víboras, fauna y flora en general y de paso contaminar los arroyos de esa área llena de rancherías y pequeñas comunidades.
La pregunta obvia sigue siendo ¿quien va a responder por tan severo daño al ecosistema de esa zona, sin permiso de nadie y en una intolerancia fuera de toda razón hacia la vida animal? Porque está claro que hay muchas formas de mantener a los perros al margen de una propiedad privada sin recurrir a esas brutales tácticas, que no deben ser del agrado de todas las familias -menos de los niños- que pertenecen a ese club, creado en 1954.
De acuerdo a defensores de la vida animal en Durango, fueron las quejas de ciertos socios que, molestos por la presencia de algunos canes callejeros en las instalaciones del club, lo que alentó a los directivos para envenenar a estos caninos y a otros del vecindario, así como a la demás fauna, de un modo por demás cruel, artero, digno de gente acostumbrada a cometer esta clase de atropellos.
Utilizaron carnadas envenenadas y las dispersaron en todo el perímetro de las instalaciones, sin importarles sus vecinos y menos el daño que causarían al ambiente circundante. Algunos de los animales duraron en dolorosa agonía varias horas. ¿Qué escena habría visto cualquier persona que pasara por allí? ¿La horrible muerte de tanto animal era un espectáculo como para presumir? ¿Para sentirse bien, acaso?
Además, como algunos de estos indefensos animales quedaron muertos en espacios de agua, no es remota la posibilidad de que los daños alcancen la salud de habitantes de esas comunidades, sobre todo niños que se refrescan allí ahora que empezó el calor.
Hay denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y ante instancias estatales y municipales, pero ninguna investigación ha sido concluyente, por lo cual no se ha castigado a los responsables, quienes dieron la orden y quienes la ejecutaron, que por supuesto tienen nombre y apellido.
Si esto queda así, entonces es un cheque en blanco para que a cualquiera que le “estorbe” un animal o un árbol, lo borre del mapa. De hecho, si la multa por cortar un árbol puede alcanzar hasta 50 mil pesos, de acuerdo al presupuesto de ingresos 2024 del ayuntamiento, mucho más vale la vida de un solo animal, y si son tantos, entonces ¿a qué castigo se hacen acreedores los culpables de este ecocidio?.
Y es que el maltrato animal está tipificado como un delito en la legislación del estado; los perros no son cosas, son seres sintientes. Y no se requiere mucha ciencia para comprobar eso; que lo diga cualquier dueño de un perro para quien es más un compañero de vida que una mascota.
La cuestión aquí es que la impunidad y privilegios son parte de historia del Campestre, a cuya directiva en turno parece que le deben algo los gobiernos en cada sexenio o trienio. Por ejemplo, en 1955, sólo un año después de abierto el club, el gobierno les pavimentó el tramo de 8 kilómetros exclusivamente para que pudieran circular sin problema los socios, no tanto los habitantes de poblados vecinos.
De igual manera, ninguna autoridad les revisa o exige cumplimiento sobre las directrices para un desarrollo urbano ordenado; construyen donde y cuando quieren. El restaurante no tiene permisos de apertura, ni cumple con disposiciones básicas de la Dirección Municipal de Protección Civil. Tampoco se les regula o vigila la calidad o estado de los productos que venden, aparte de la opinión de los consumidores.
No cuentan con la patente reglamentaria para vender bebidas de contenido alcohólico y establecen sus propios horarios de venta. Pagan, cuando mucho, la tercera o cuarta parte del agua tratada al ayuntamiento. La Comisión Nacional del Agua tampoco vigila el uso racional del vital líquido que extraen del pozo que usan para sus albercas, regaderas, gimnasio y otros espacios.
Y no es todo: en este mes de abril se cumplió un año de la muerte del joven Edgar Alfredo Palma, quien acudió a un evento al club y accidentalmente cayó de la terraza del bar, pero fue localizado hasta el día siguiente, ya inconsciente y con traumatismo craneoencefálico severo, fractura de clavícula y otras contusiones.
El infortunado joven fue trasladado a Guadalajara y semanas después del percance murió sin que el Campestre, a través de su directiva, le brindara ayuda a los familiares. La Fiscalía estatal omitió la investigación correspondiente, o en todo caso, descartó responsabilidad para el club y todo quedó en la impunidad.
Sin duda, este espacio social en Durango ha estado ligado siempre al poder, de una u otra forma. En tiempos electorales, son frecuentes los encuentros de candidatos y desde ahí se promueven acciones proselitistas; lo que no trasciende es que los favores por todas esas acciones son pagados a expensas de la ciudadanía por aquellos que en su momento fueron beneficiados.
La semana anterior, el alcalde José Antonio Ochoa expresó que su gobierno estaba a la espera del resultado de las investigaciones sobre el ecocidio para tomar acciones y ojalá lo haga, porque allí se va a notar el nivel de sus compromisos con algunos de sus posibles amigos de ese círculo o su compromiso con una ciudadanía consciente de las leyes y el respeto a cualquier forma de vida. Ya basta de tantas complacencias ¿No cree usted, estimado lector? Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
EN SESIÓN SABATINA, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por unanimidad, le negaron el registro como candidato a diputado plurinominal a Otniel García Navarro, del Movimiento de Regeneración Nacional, por estar fuera del tiempo oficial de registros de candidaturas y porque no se los mandató el Tribunal Electoral… QUIENES SABEN DE Derecho Electoral opinan que los consejeros electorales del IEPC ignoraron una suspensión provisional de la orden de aprehensión que se había emitido en contra de García Navarro, por lo que ese funcionario judicial federal podría destituir a los consejeros electorales y hasta sancionarlos con cárcel… SIN EMBARGO, SERÁ necesario esperar para ver cómo camina este asunto que seguramente volverá al plano de la justicia federal electoral. Se espera, de la misma manera, que en el curso de la semana la justicia federal resuelva sobre la suspensión definitiva o no de los efectos de esa orden de aprehensión, ya que hasta el momento sólo le fue concedido el amparo provisional.
