La legislación electoral en materia de encuestas sobre preferencias electorales está hecha para proteger a las casas encuestadoras que sólo pueden ser multadas por cómo publican y no por lo que publican; luego a los partidos y candidatos que han hecho de las encuestas y sondeos instrumentos de propaganda y engaño. La legislación, así, no protege ni garantiza al ciudadano la calidad, rigor científico, tamaño de muestra y veracidad de las encuestas.
Repito, atiende a cómo y cuándo se publican, no a lo que publican. En un prurito de no caer en censura previa, ha permitido por décadas la engorda indigesta de información deformativa y tramposa.
Qué consume el ciudadano en materia de encuestas es algo que a nadie de los responsables, beneficiarios y autoridades preocupa.
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