Durante la conferencia matutina del 6 de agosto, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal reconoció que el crimen organizado representa un riesgo constante para las y los menores de edad mexicanos.
“Sí hay un peligro latente a que niños y jóvenes puedan estar en riesgo ante la atracción que puedan tener hacia el crimen organizado y sí hay un riesgo latente en aquellas zonas donde hay trasiego de drogas en nuestro país”, fueron las palabras de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la dependencia.
Sin ofrecer ninguna cifra durante el encuentro en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, Rodríguez aseguró que “en la última reunión se vio claramente que ese delito [trata de personas menores de edad] como otros en el país han ido a la baja”. En su intervención, anticipó que solicitaría la recopilación de los datos correspondientes para entregarlos a la periodista Rocío Méndez, quien la cuestionó al respecto.
En un reciente informe, la UNODC expuso que 6% del total de niñas, niños y adolescentes (NNA) que se encontraban en situación de movilidad en México en 2023 no estaban acompañados, lo que equivale a seis mil 732 menores de edad en situación irregular.
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(X/@rosaicela_)
“De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2020 a 2024 se tienen registradas 958 carpetas de investigación por trata de personas en NNA en México, de las cuales 740 correspondían niñas y adolescentes y 218 a niños y adolescentes”, reveló la agencia de las Naciones Unidas.
Considerando este panorama, la UNODC señaló que uno de sus principales objetivos es impulsar iniciativas de cooperación focalizadas en comunidades indígenas y afromexicanas, ya que en dichos entornos prevalece la preocupación por la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas, “exacerbada por problemas estructurales como la falta de oportunidades educativas y laborales”.
Sumado a ello, la agencia reconoció la existencia de proyectos, como el que lleva por nombre Intervenciones sólidas para combatir la trata de personas en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), implementado en colaboración con los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Chiapas.
“Asimismo, junto con las autoridades estatales de Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, la OIM realiza capacitaciones y brinda acompañamiento técnico en el desarrollo de rutas de detección y canalización de víctimas”, añadió UNODC en el informe publicado el 30 de julio de 2024.
En varias de las entidades referidas existen pugnas territoriales entre grupos de la delincuencia organizada que buscan apoderarse de las rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.
