El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de
Durango con el objetivo de fortalecer y modernizar los procesos administrativos y
operativos de jueces y magistrados, además de armonizar la legislación local con
las recientes disposiciones constitucionales federales.
Con las modificaciones, las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia y del Tribunal de Justicia para Adolescentes ejercerán su cargo por un
periodo de nueve años, con posibilidad de ser reelectos. En caso de reelección, sólo
podrán ser removidos en los términos que determinen la Constitución Federal, la
Constitución Local y la legislación en materia de responsabilidades.
El dictamen fue presentado al Pleno por la Comisión de Justicia, que preside el
diputado Otniel García Navarro, quien destacó que la reforma fortalece la
estructura institucional, moderniza los procedimientos y garantiza que la
impartición de justicia responda de manera más eficaz a las exigencias ciudadanas.
Subrayó que, derivado de la Reforma al Poder Judicial, era necesario ajustar los
ordenamientos y que este avance es producto del trabajo y voluntad de todos los
grupos parlamentarios.
Agregó que uno de los ejes centrales es la sustitución del anterior Consejo de la
Judicatura por un Órgano de Administración con atribuciones definidas en gestión
administrativa y desarrollo de la carrera judicial. Este nuevo modelo concentra la
planeación, el control presupuestal y la evaluación del desempeño, promoviendo
eficiencia y transparencia.
“Esta reforma busca garantizar que la justicia en Durango sea más pronta,
completa e imparcial, respondiendo a demandas ciudadanas históricas y
fortaleciendo el Estado de Derecho”, puntualizó el integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.
Al expresar el respaldo de su bancada, el diputado Fernando Rocha Amaro
reconoció como avance la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, siempre que
actúe con autonomía, profesionalismo y respeto a la jurisdicción.
Subrayó que, a propuesta del PAN, se incluyó el requisito de no ser deudor
alimentario moroso para ocupar cargos judiciales, así como la precisión de
competencias en materia civil y familiar.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Sughey Torres Rodríguez
afirmó que el dictamen coloca a Durango a la vanguardia nacional, resultado de un
proceso legislativo serio, responsable y consensuado; ya que incorpora
mecanismos de transparencia, control del financiamiento y procesos de selección
basados en criterios técnicos y éticos.
Subrayó que la colaboración entre poderes permitió generar un marco legal
moderno, ágil y cercano a la ciudadanía; por lo que el voto a favor del PRI, es
convencido de que la reforma fortalecerá al Poder Judicial y la confianza social en
sus instituciones.
El Tribunal funcionará en Pleno y en Salas, integrado por 15 magistradas y
magistrados electos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.
