El Congreso del Estado aprobó las reformas al Código Penal del Estado para tipificar el acoso callejero como delito, con el objetivo de sancionar de manera específica esta conducta cometida en espacios públicos y fortalecer la protección de las víctimas frente a este tipo de agresiones.
Fue la Comisión de Justicia quien presentó el dictamen ante el Pleno, en el cual se establece que a quien, aprovechándose de la vulnerabilidad que genere un espacio público o un medio de transporte, asedie mediante conductas verbales o físicas a una persona, tome fotografías o videos de su cuerpo, la persiga o intimide, vulnerando su dignidad e intimidad, se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y una multa de 36 a 216 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, si la conducta se comete en contra de una persona adulta mayor o en situación de vulnerabilidad, la sanción aumentará en una tercera parte, además de una multa de 216 a 332 UMA.
Al razonar el voto a favor del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Sughey Torres Rodríguez, destacó que este dictamen representa un paso firme y necesario en la protección de los derechos y la dignidad de las personas, en especial de las mujeres y niñas, frente a una forma de agresión que por años se ha buscado erradicar.
“El espacio público debe ser un entorno seguro y libre para todas y todos. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas mujeres, desde edades tempranas, enfrentan situaciones de hostigamiento, miradas lascivas, persecuciones, tocamientos o grabaciones sin consentimiento al transitar por calles, parques o medios de transporte”, expresó la legisladora.
Torres Rodríguez agregó que, aunque este tipo de conductas no siempre dejan una huella física, sí generan daño psicoemocional, miedo y restricción en la libertad de movimiento, afectando directamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Resaltó que la reforma al Código Penal del Estado, coloca a Durango en sintonía con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género, reconociendo que la violencia sexual también ocurre en el espacio público.
“Con esta aprobación fortalecemos el marco legal, visibilizamos una realidad que ya no puede seguir callándose y avanzamos hacia una sociedad más justa, segura y respetuosa para todas y todos”, concluyó.
