Por Juan Jose Salas Mancinas
El diputado Noel Fernández Maturino, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Durango, manifestó su preocupación ante el endurecimiento de los requisitos para el envío de dinero impulsado por el gobierno estadounidense de Donald Trump. El legislador advirtió que estas medidas amenazan directamente el sustento de miles de hogares duranguenses que dependen económicamente de sus familiares en el extranjero.
VICTORIA DE DURANGO, DGO. – El Congreso del Estado de Durango se convirtió en el escenario de una alerta financiera y social de cara a las nuevas políticas migratorias y económicas implementadas en la Casa Blanca. En representación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Noel Fernández Maturino expuso la urgencia de blindar la economía familiar local frente a los recientes decretos del presidente Donald Trump.
Las medidas adoptadas por la administración estadounidense imponen mayores candados, regulaciones de identidad fiscales y aranceles potenciales a los canales tradicionales de transferencias de dinero. De concretarse el endurecimiento de estos requisitos, el flujo de divisas operado por empresas transnacionales y bancarias se ralentizará significativamente.
El peso de las remesas en la economía de Durango
La preocupación del sector legislativo no es menor si se cruza con los indicadores nacionales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Banco de México, Durango se posiciona históricamente como una de las entidades con mayor dependencia de las remesas en el norte del país, recibiendo más de mil millones de dólares anuales.
Municipios como Guanaceví, San Juan del Río, Tepehuanes, Vicente Guerrero y la propia capital registran comunidades donde más del 40% de los hogares cubren sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación gracias al dinero enviado desde la Unión Americana.
Fernández Maturino señaló que estas trabas administrativas no solo vulneran el poder adquisitivo en el estado, sino que ejercen una presión directa sobre los comercios locales que dinamizan sus ventas a partir del cobro de estos recursos.
