Por: Juan José Salas Mancinas
La noticia cayó con la frialdad de los números presupuestales: tres bibliotecas municipales cerradas y ocho más bajo la lupa por “baja afluencia”. La explicación oficial suena a lógica contable impecable: mantener abiertos estos espacios cuesta alrededor de 20 mil pesos mensuales y la visita promedio apenas alcanza de 5 a 10 personas al mes.
Sin embargo, en el análisis político y social, la lógica contable suele ser la peor aliada de la política pública.
Cerrar una biblioteca porque casi nadie la visita es el equivalente a clausurar un centro de salud porque la gente prefiere no ir a revisarse. La baja afluencia no es el diagnóstico de un servicio innecesario; es la prueba irrefutable del fracaso institucional en su gestión, promoción e integración comunitaria.
¿En qué momento decidimos que la cultura y el acceso al conocimiento deben medirse con el mismo rasero de rentabilidad que un negocio privado?
Veinte mil pesos mensuales representan una cifra insignificante en el presupuesto municipal cuando se contrapone al impacto que un espacio comunitario activo puede generar en niños, jóvenes y adultos mayores. Si diez personas acudieron en un mes, el problema no es el edificio ni los libros en los estantes; el problema es que la autoridad fue incapaz de llevar talleres, conectividad a internet, clubes de lectura, asesoría académica o actividades culturales que convirtieran a esa biblioteca en el corazón de su colonia.
Abandonar los espacios públicos y ponerles candado es la ruta más fácil para la administración, pero la más costosa para la sociedad. En un Durango que necesita recuperar el tejido social y ofrecer alternativas reales a las nuevas generaciones, cerrar centros del saber no es un ahorro: es un retroceso.
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