Muchos gobernantes son proclives a hacerse creer que todo está bien, únicamente porque sus colaboradores les informan que todo vá de maravilla; en los contextos políticos como el nuestro se proyecta una gran disociación de la realidad en el discurso gubernamental y hasta cierto punto es entendible, debido a que reconocer las equivocaciones para corregirlas está fuera de la idiosincrasia.
Es común que se repitan los errores una y otra vez y que se agoten soluciones que ya han fracasado en el pasado, el sistema de instituciones cada vez se muestra más obsoleto y con menor utilidad social y no podía ser de otra forma, porque fue diseñado en la primera mitad del siglo pasado y en vez de haber evolucionado para bien, se estancó y ahora además está infestado de estructuras gubernamentales muy costosas y totalmente inútiles, en México se hace todo al revés de lo que plantea la Teoría General del Estado.
La legislación es enorme, compleja y contradictoria, la visión de controlar a la sociedad con leyes que contrastan con la realidad e incrementar sanciones y penalidades para evitar conductas que en vez de decrecer se hacen más recurrentes porque más allá de “la ley” las instituciones no tienen la capacidad de evitarlas y eso se refleja en que el Principio de Autoridad es inexistente.
Lo primero que propicia una legislación como la mexicana es la corrupción de los servidores públicos, desde el inspector, el policía o el empleado de ventanilla hasta la alta burocracia de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno, entre más difícil sea cumplir la ley y más reguladas estén las actividades económicas y financieras, menos riqueza y oportunidades se producirán porque ese sistema retrograda frena el crecimiento y detona los mercados negros y la informalidad; las leyes y reglamentos están diseñados para inhibir las inversiones y la innovación, exactamente lo contrario a lo que hacen las potencias económicas y las economías emergentes exitosas.
Las políticas públicas deben sustentarse en demandas sociales o en necesidades técnicas, desafortunadamente en la toma de decisiones se valora más la rentabilidad política que la utilidad social, todo el país está saturado de obras públicas inútiles, inconclusas e inoperantes y los gobiernos obesos de dependencias que no aportan nada o que ni siquiera están relacionadas con sus responsabilidades, allí está el caso de muchos municipios que le urge una reingeniería administrativa y operativa.
Existen gobernantes de todo tipo, unos improvisados, otros corruptos o incompetentes, pero también los hay preparados y bien intencionados, aunque desafortunadamente para ellos es muy difícil cumplir con sus objetivos y con las expectativas ciudadanas debido a que las estructuras de gobierno y las normativas terminan siendo un lastre en vez de un activo y eso se debe al Pacto Social que está fundado en la desconfianza, algo común en los sistemas legales rígidos de aplicación flexible como los que existen en toda Latinoamérica y en gran medida eso explica el atraso y la inseguridad de la región, por ello ni los gobiernos de derecha o de izquierda ha podido lograr éxitos duraderos e excepción de Chile o Panamá que tiene un sistema económico dolarizado y cobra 0% de ISR a las transferencias y depósitos internacionales que recibe su sistema bancario. Los únicos que entendieron cómo atraer divisas gratis a su país. La Reforma al Estado Méxicano, el rediseño del orden legal y de las instituciones debería ser una prioridad, ya que este sistema semi destruido e infuncional difícilmente podrá evolucionar en el cada vez más demandante Siglo XXl, de entrada, está llegando una recesión mundial que aunada a la inflación interna, al exceso de dólares y al alza de precios, les va a volver a demostrar a los gobiernos y a los políticos mexicanos que no tienen idea de la geopolítica y que no entienden cómo proteger la viabilidad del país, esto aunado a las eventuales sanciones arancelarias por los amagos de no respetar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en materia energética