Luego de que la SCJN declarara inconstitucional castigar penalmente a las mujeres o personas gestantes que decidan abortar, la persecución contra delitos relacionados con esta práctica va en aumento desde hace 18 meses. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo en 2022 las procuradurías y fiscalías iniciaron 819 indagatorias, es decir, 35% más que en 2018.
El crecimiento de la persecución de la interrupción del embarazo ha ido de la mano con el número de estados que han despenalizado la práctica, pues hasta 2018 la única entidad que la permitía era la CDMX.
Desde entonces, la llamada “marea verde” se extendió con el impulso de colectivos feministas por otras entidades. El área de Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), advierte que el hecho de que la cifra continúe creciendo expone la falta de voluntad política de los congresos locales para despenalizar el aborto, lo que genera un riesgo de criminalización en contra de las mujeres.
(El Sol de México) (La Prensa)
