La SCJN invalidó que militares intercepten comunicaciones privadas de civiles, sin la previa autorización de un juez civil, en una determinación por mayoría de ocho votos, en la que se anuló la técnica de investigación de intervención de comunicaciones prevista en el Código Militar de Procedimientos Penales.
El ministro Luis María Aguilar dijo que, aunque en los artículos impugnados se refieren algunos controles para que se puedan a cabo dichas intervenciones, estos no son claros ni suficientes, dejando en claro que esta atribución, lejos de generar certeza, genera incertidumbre ante los alcances que podría tener dicha medida.
Así, la Corte anuló la facultad de los fiscales militares para solicitar a un juez, u ordenar directamente, la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, así como la entrega de datos conservados por las empresas de telecomunicaciones sobre su uso.
Además, invalidó la atribución de dichos fiscales para solicitar órdenes de cateo a domicilios privados o instalaciones civiles de gobierno durante la investigación de delitos del fuero militar.
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