
En México, la impunidad ha cimentado un terreno fértil para prácticas cada vez más oscuras relacionadas con la desaparición de personas. La manipulación de tumbas y la incineración de cuerpos en crematorios legales se han convertido en estrategias para deshacerse de restos humanos sin dejar rastro. Estas acciones no solo alteran el orden social, sino que también perpetúan el dolor de familias que aún esperan respuestas sobre sus seres queridos.
La profanación de tumbas se ha incrementado, reflejando una falta alarmante de respeto tanto por los muertos como por los vivos. Las autoridades, a menudo ineficaces, permiten que estas actividades continúen sin consecuencias visibles, lo que refuerza la cultura del miedo y la brutalidad.
Mientras tanto, organizaciones y colectivos de familiares de desaparecidos luchan por mantener la memoria y exigir justicia. Las redes sociales se han convertido en un espacio vital para visibilizar estas atrocidades y movilizar a la sociedad civil. La situación exige un cambio inmediato en la política de justicia y la protección de los derechos humanos en el país.