Por Juan José Salas Mancinas
Durango, Dgo. – Durante décadas, la clase política local ha utilizado el adjetivo “conservador” como un escudo impenetrable para justificar el inmovilismo legislativo. Bajo esta premisa, se asume que la sociedad duranguense es un bloque monolítico que rechaza unánimemente la despenalización del aborto. Sin embargo, los datos recientes de opinión pública y la creciente movilización en las calles de la capital sugieren que el “consenso” es, en realidad, un espejismo sostenido por el cálculo electoral y no por la voluntad ciudadana.
La brecha entre la legalidad federal y la realidad estatal nunca ha sido tan evidente. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto, el Congreso de Durango mantiene la iniciativa en una “congeladora” que parece responder más a compromisos con grupos de presión religiosos que al mandato judicial. Esta desconexión revela una verdad incómoda: la resistencia no emana de las mesas de las familias duranguenses, sino de los despachos donde se mide el costo político de cada voto.
Al desmenuzar las encuestas por rangos generacionales, el mito termina de desmoronarse. Durango vive hoy una transición demográfica donde los jóvenes, especialmente en los centros urbanos y universitarios, ya no comparten los tabúes de hace veinte años. La pregunta, entonces, deja de ser si Durango es conservador, para convertirse en una cuestión de representación: ¿A quién protegen realmente los diputados al ignorar una realidad que ya desbordó las leyes vigentes?
La omisión no es neutral: El costo de la parálisis legislativa
El tiempo de las evasivas y los “foros de consulta” permanentes se ha agotado. En Durango, la negativa del Congreso a armonizar el Código Penal con los criterios de la Suprema Corte no es un acto de prudencia, sino una omisión deliberada que mantiene a las mujeres y personas gestantes en un limbo jurídico peligroso. Mientras los legisladores locales calculan el costo electoral de sus votos, la realidad social sigue su curso, obligando a cientos de duranguenses a buscar en la clandestinidad o en otros estados lo que su propia legislación les niega: seguridad y derecho a decidir.
La rendición de cuentas no puede esperar a la próxima elección. Es imperativo que las y los diputados de la actual Legislatura transparenten su postura: ¿A quién representan realmente? ¿Al mandato constitucional que juraron defender o a los intereses de grupos de presión que operan fuera de la legalidad democrática? Ignorar la realidad no la hace desaparecer; solo profundiza la brecha entre una ciudadanía que avanza y una clase política que ha decidido, por voluntad propia, quedarse anclada en el siglo pasado.
El mito del “Durango conservador” ya no es una excusa válida para el desacato. La historia legislativa del estado está por escribir un capítulo decisivo: uno de vanguardia y derechos, o uno de resistencia y sombras. La ciudadanía ya está observando, y esta vez, el silencio de la tribuna será interpretado como su respuesta definitiva.
