En un giro significativo para la política local de Durango, el actual alcalde de Mapimí, Fernando Reverte, ha visto truncadas sus aspiraciones de reelección después de ser incluido en el Registro Estatal de Violentadores de Género, marcando un precedente importante en la lucha contra la violencia política en México.
La decisión, que representa un golpe contundente a “los mismos de siempre” que han dominado la política local, surge como consecuencia directa de las acciones del funcionario que lo llevaron a ser catalogado como violentador de género, una etiqueta que ahora le impide continuar en la contienda electoral.
Este caso ha generado un intenso debate en la comunidad de Mapimí, donde muchos ciudadanos han expresado su respaldo a las medidas tomadas por las autoridades electorales, considerándolas un paso necesario para romper con los viejos paradigmas de impunidad en la política mexicana.
La inclusión de Reverte en el registro no solo afecta sus aspiraciones políticas inmediatas, sino que también envía un mensaje claro: los tiempos están cambiando y las conductas que antes podían pasar desapercibidas ahora tienen consecuencias tangibles para quienes las cometen, incluso si pertenecen al círculo de “los mismos de siempre”.
La inhabilitación del alcalde para buscar la reelección abre la puerta a nuevos liderazgos en Mapimí, posiblemente más comprometidos con la equidad de género y el respeto a los derechos fundamentales. Este caso podría marcar un antes y un después en la política local, demostrando que el poder público no está por encima de la ley ni de los valores fundamentales de la sociedad.
Las autoridades electorales han sido enfáticas en señalar que esta decisión se basa en el cumplimiento estricto de la normativa vigente y representa un compromiso firme con la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos, especialmente en la esfera política.
Esta situación nos recuerda que la transformación política que México necesita comienza por establecer límites claros y hacer valer las consecuencias para quienes trasgreden las normas de convivencia social, sin importar su posición de poder o influencia política.
